En el marco de los 10 años de la masacre de San Fernando – Tamaulipas, más conocida como la masacre de las 72 víctimas, queremos, como Congregación de las Hermanas Misioneras de San Carlos Borromeo Scalabrinianas, unirnos a las familias víctimas con fe y esperanza, pero también con valentía en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La ruta entre Centroamérica-México y Estados Unidos de América es una de las de mayor tránsito migratorio en el mundo y por ende una de las más peligrosas para las personas migrantes quienes son víctimas de múltiples delitos como secuestros, extorsiones, desapariciones y ejecuciones. Hace 10 años en San Fernando, Tamaulipas – México, fueron hallados 72 cuerpos de personas migrantes fallecidas, 58 hombres y 14 mujeres, provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil.
Las víctimas fueron torturadas y ejecutadas en un contexto general de violencia y desapariciones. Las circunstancias del hallazgo realizado el 24 de agosto de 2010, el tiempo de muerte de las víctimas y el número de sobrevivientes siguen generando dudas y aún hoy no se tiene certeza del número de sobrevivientes.
El caso de los 72 migrantes fue clasificado como graves violaciones a derechos humanos, donde además ha habido una negación sistemática para que las víctimas puedan acceder a la verdad y la justicia. No hay una investigación exhaustiva de los hechos, no se han investigado delitos como trata de personas, tráfico, desaparición forzada; tampoco hay personas sentenciadas, por lo que lamentablemente a pesar de su gravedad y del tiempo transcurrido permanece en la impunidad. Actualmente no hay certeza de la identificación de todos los cuerpos entregados a las familias, la investigación en la Fiscalía General de la República no ha tenido avances ni resultados para conocer la verdad y acceder a la justicia.
A 10 años de esta terrible masacre los familiares de las víctimas aún claman por verdad, justicia y reparación. Es necesario que la Fiscalía General de la República implemente y formalice un modelo de investigación de estos fenómenos delictivos con un enfoque de macrocriminalidad, integrado por expertos/as independientes que identifiquen patrones de actuación para implementar medidas de no repetición de estas graves violaciones.
Las autoridades mexicanas deben garantizar la atención, apoyo y reparación a los familiares de las víctimas, independientemente de que se encuentren fuera de México. Las hijas, hijos, esposas, madres y padres de las víctimas de la masacre tienen diversas necesidades de salud física y psicológica, después de los hechos tuvieron síntomas de depresión, estrés y ansiedad, por lo que requieren tratamientos y medicamentos para atender las consecuencias de las afectaciones. Asimismo, existen impactos económicos en las familias víctimas, derivadas de las violaciones cometidas, los cuáles deben ser atendidos diligentemente.
Es necesario re-dignificar la memoria de las víctimas y sus familias, saber quiénes eran y las razones por las que decidieron abandonar sus países de origen en busca de mejores oportunidades de vida, saber que no era criminales.
Ante los pendientes de México, exhortamos a las autoridades para cumplir las siguientes peticiones de las víctimas:
● Creación de un nuevo modelo de investigación con perspectiva de derechos humanos en la Fiscalía General de la República, que tome en cuenta a la macrocriminalidad como un factor determinante en el caso. Creación de una comisión especial formada con expertos independientes y la configuración de un equipo mixto multidisciplinario con la participación de la Secretaría de Gobernación.
● Diseño e implementación de políticas públicas que garanticen la no repetición de las graves violaciones cometidas en el caso.
● Promover la coordinación con los países de origen de las víctimas, como Guatemala y Brasil, para realizar la exhumación de los cuerpos, con la participación de expertos forenses independientes para la identificación de los restos mortales.
● Realizar las exhumaciones solicitadas por las familias que tienen dudas sobre los restos mortales que recibieron en el año 2010, identificados por la Procuraduría del Estado de Tamaulipas.
● Garantizar el acceso a los derechos de las víctimas desde sus países de origen, tanto a medidas de atención y asistencia como de reparación del daño, de acuerdo a la Ley General de Víctimas.
Nos solidarizamos con las familias víctimas de la masacre de San Fernando – Tamaulipas, pero también con todas las familias que han perdido su familiar migrante en masacres o de forma violenta en las diferentes rutas migratorias a nivel mundial Exhortamos al gobierno mexicano, igualmente a todos los países de paso y destino de personas migrantes y refugiadas, para cumplir a la brevedad las demandas de las víctimas. ¡La verdad, justicia y reparación no pueden esperar más! A las familias victimas aseguramos nuestras oraciones y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlas en su dolor y lucha. Que, por la intersección del Bienaventurado Juan Bautista Scalabrini, Padre de los Migrantes, las familias víctimas, muy pronto, alcance la verdad, justicia y reparación y puedan ser testigos de la promesa de Jesús “que todos tengan vida y vida en abundancia” (Jn 10,10).
Hna. Neusa de Fátima Mariano Superiora General, Consejeras y Secretaria General
